En este sistema, completamente público, la Administración actuante aplica la expropiación a la totalidad de los bienes y derechos de la unidad de ejecución y desarrolla la actividad de ejecución urbanística mediante cualquiera de las formas de gestión permitidas por la legislación vigente.

Se trata de un instrumento fundamentalmente jurídico, pero que debe ser redactado con la colaboración de técnicos del ámbito de la arquitectura y el urbanismo, a fin de repartir equitativamente las cargas y los beneficios del proceso de ejecución urbanística.

Al decidirse la expropiación de un determinado terreno, se determina un justiprecio para pago al propietario afectado por tal expropiación. Contra dicho la fijación de tal  justiprecio, e incluso contra la misma expropiación de los terrenos, pueden plantearse alegaciones ante la Administración competente.

               → Si se encuentra usted en este caso, en Iurisconsultas Abogados ponemos a su disposición nuestro equipo técnico – jurídico para defender sus intereses, así como para asesorarle en el proceso de fijación del justiprecio a pagar por sus bienes, así como para recurrir precios abusivos fijados por la Administración actuante. Pídanos presupuesto sin compromiso a través de contacto (pinchar aquí) o envíenos un e-mail a info@ic-abogados.com