Materias

Es el régimen económico matrimonial por el que básicamente se hacen comunes para los cónyuges las ganan­cias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse dicha comunidad.

Es el régimen económico matrimonial que rige (salvo en Cataluña y Baleares) si no se pacta ningún otro en capitulaciones matrimoniales. En algunas zonas concretas de España, como en Navarra, existen regímenes similares al de gananciales (en Navarra, el régimen de conquistas).

→ La sociedad de gananciales no tiene personalidad jurídica (no es una sociedad, aunque se le llame así). Es una comunidad patrimonial en la que no pueden distinguirse cuotas, sino que existe una titularidad conjunta de ambos cónyuges sobre el patrimonio ganancial.

→ La gestión y administración de la misma y la disposición de bienes gananciales se rige por el principio de actuación conjunta de los cónyuges (salvo que se hayan conferido poderes).

→ La finalidad básica del régimen de gananciales es dividir las ganancias obtenidas a la disolución del matrimonio.

Son el contrato otorgado por los cónyuges, antes o después del matrimonio, con el fin de fijar el régimen económico matrimonial a que deben sujetarse los bienes del mismo, o de adoptar cualquiera otra disposición por razón del matrimonio.

 En dichas capitulaciones no sólo se puede estipular el régimen económico matrimonial, sino también modificarlo o sustituirlo. En su contenido también pueden figurar cualesquiera otras disposiciones que a los cónyuges interese que rijan para su matrimonio (normalmente suele tratarse de donaciones entre cónyuges por razón del matrimonio, y ciertos pactos en materia sucesoria), siempre y cuando estas otras disposiciones no sean contrarias a la Leyo a las buenas costumbres ni limiten la igualdad de derechos entre los cónyuges (ejemplo: no se permiten medidas o pactos discriminatorios).

 Las capitulaciones siempre deben ser estar documentadas en una escritura pública, por lo que hay que otorgarlas ante Notario (sin este requisito son nulas). Normalmente sólo es necesaria la asistencia de los cónyuges o futuros cónyuges, salvo:

 • Que alguno de ellos o los dos sea menor que pueda casarse (emancipado o menor con dispensa de edad), en cuyo caso se requiere el consentimiento de sus padres o tutor, salvo que se trate de pactar en las capitulaciones el régimen de separación de bienes. 

• Que alguno de ellos o los dos sea incapacitado (por sentencia judicial), en cuyo caso deberán asistir al acto sus padres, tutores o curador.

 Si las capitulaciones se han otorgado antes de celebrarse el matrimonio pierden su validez si éste no llega a celebrarse en el plazo de un año o si se declara nulo, se disuelve o incluso si se produce la separación de los cónyuges.

 Como las capitulaciones matrimoniales no sólo tienen efectos entre los cónyuges, sino que pueden afectar a terceros en lo que el régimen económico matrimonial se refiere (quién dispone de los bienes, de qué deudas responden esos bienes…), se establece un requisito de publicidad: la inscripción en el Registro Civil.

Es más: si el contenido de las capitulaciones afecta a bienes inmuebles, se deberán inscribir en el Registro de la Propiedad; y lo mismo ocurre si uno de los cónyuges es comerciante, ya que en tal caso, habrá que tomarse razón de ellas en el Registro Mercantil.

No obstante, la publicidad se refiere sólo al otorgamiento de las capitulaciones (acto de celebración, fecha y notario), pero no a su contenido. Así, el Registro Civil servirá a quien lo consulte para dar a conocer la existencia del negocio, pero el interesado tendrá que acudir a otra instan­cia extrarregistral para enterarse del contenido real de las capitulaciones(acudiendo al protocolo notarial o exigiendo al interesado la exhibición del documento pertinente).

En conclusión, las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones no surten efectos respecto de tercero mientras que no se inscriban en el Registro Civil.

Pero, ¿se pueden modificar las capitulaciones matrimoniales?

La respuesta es sí, pero se necesitan los siguientes requisitos:

• Deben asistir a la modificación las mismas personas que asistieron a su otorgamiento (si viven).

• La modificación también deberá hacerse en escritura pública.

• Puede modificarse cualquier materia que en ellas se hubiere pactado.

• Hay que hacer constar la modificación en la escritura de otorgamiento capitulaciones modificadas, así como en las copias que de la misma se expidan (lo hace el Notario).

• AI igual que su constitución, la modificación de las capitulaciones se mencionará en la inscripción del matrimonio en el Registro Civil, y si afecta a inmuebles, se tomará razón de ella en el Registro de la Propiedad o en el Registro Mercantil.

• Las modificaciones no afectan a derechos ya adquiridos por terceros.

En España se ofrece la opción de contraer matrimonio civil o religioso, atribuyéndosele a este último directamente efectos civiles

 Así, los españoles pueden contraer matrimonio ante las autoridades civiles competentes o en la forma religiosa legalmente prevista en los términos acordados con el Estado, o en su defecto, autorizados por la legislación de éste.

 A tal efecto, existen acuerdos entre el Estado no sólo con la Iglesia Católica, sino también con la Iglesia Evangélica, las Comunidades Israelitas y las Comunidades Islámicas en España (a este último efecto, es preciso aclarar que no se permite la bigamia).

 El matrimonio religioso, para su aceptación por el Estado, requiere de su inscripción en el Registro Civil.

 Por lo demás, los efectos civiles del matrimonio, tanto religioso como civil son idénticos, siempre que se haya contraído con los requisitos necesarios para ello.

 A partir de la ley de 1 Julio 2005, se considera a efectos civiles como matrimonio tanto la unión heterosexual como la unión entre personas del mismo sexo.

 EI matrimonio constituye, entre las personas que lo contraen, una relación de carácter complejo, que determina un conjunto de derechos y deberes atinentes a la vida común de los cónyuges (llamados «efectos personales del matrimonio”) y, al mismo tiempo, otro conjunto de derechos y deberes de contenido y de proyección económica (conocidos como «‘efectos patrimoniales o económicos del matrimonio«).

 

EL MATRIMONIO RELIGIOSO

En la actualidad se reconocen efectos civiles a todo matrimonio «religioso» que cumpla la normativa sobre su inscripción en el Registro, y no al matrimonio exclusivamente canónico por la Iglesia católica.

 ¿Qué se necesita para la inscripción en el Registro Civil? La inscripción se simplifica sobremanera, bastando la presentación de una certificación de matrimonio religioso en el Registro Civil, con las circunstancias reguladas al efecto.

 No obstante, existe una calificación del Juez encargado del Registro Civil sobre si el matrimonio reúne los requisitos de validez exigidos por la legislación civil.

 Una vez inscrito, el matrimonio religioso tiene los mismos efectos civiles que el matrimonio civil.

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El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos cónyuges sean del mismo o de diferente sexo.

 Los requisitos básicos son tres: consentimiento, capacidad y forma.

 1.Consentimiento

Es fundamental. El matrimonio no puede existir sin él. Todo tipo de condicionante se entiende inexistente.

 Relacionado con el consentimiento matrimonial está la promesa de matrimonio, considerándose que no produce el efecto de obligarse a contraerlo ni ningún otro efecto si no se llega a contraer. No se admiten las demandas que pretenden ell cumplimiento de tal promesa. Únicamente puede producir el efecto de resarcirse las partes de los gastos hechos (es una acción judicial que sólo podrá ejercitarse en el plazo de un año desde la negativa a contraerlo, porque caduca una vez transcurrido).

 2. Capacidad

Los impedimentos pueden ser absolutos (impiden el matrimonio con cualquier persona) o relativos (sólo lo impiden a determinadas personas entre sí).

 En general, no pueden contraer matrimonio, de forma absoluta:

 • Los menores de edad no emancipados.

 • Los que estén ligados por vínculo matrimonial anterior (no se admite la bigamia).

 Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí:

 • Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción (padres con hijos,…).

 • Los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado (tíos con sobrinos…).

 • Los condenados como autores o cómplices de la muerte dolosa (intencionada) del cónyuge de cualquiera de ellos.

 Se prevé la posibilidad de dispensar algunos de los impedimentos de manera que, corresponderá, según el tipo de impedimento y solicitándolo el interesado:

 a) Al Ministro de Justicia si el impedimento es el de muerte dolosa (intencionada) del cónyuge anterior (de quien lo solicita o del otro contrayente).

 b) Al Juez de Primera Instancia del domicilio de quien lo solicita, en lo relativo a los impedimentos del grado tercero entre colaterales (primos, tíos…) y de edad a partir de los catorce años, y siempre que exista justa causa. En los expedientes de dispensa de edad deberán ser oídos el menor y sus padres o guardadores (tutores…, si los tuviera).

 Los matrimonios celebrados sin las dispensas anteriores y en tales casos, podrán convalidarse desde su celebración, si se solicita y obtiene la dispensa posteriormente (siempre que la nulidad no hubiera sido solicitada judicialmente por alguno de los contrayentes).

 Los demás casos a los que nos hemos referido, no son dispensables (matrimonio entre hermanos, matrimonio de menores de edad, matrimonio entre personas ya casadas) y serán nulos.

 3. Formas de celebración del matrimonio

El matrimonio puede ser, como dijimos, civil o religioso, teniendo ambos, siempre que se contraigan con los requisitos necesarios, los mismos efectos civiles.

 Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España:

 1. Ante el Juez, Alcalde o funcionario competente.

 2. En la forma religiosa legalmente prevista.

 También podrá celebrar matrimonio fuera de España, con arreglo a la forma establecida por las leyes del lugar de celebración.

1. Competencia para autorizarlo

Es necesario que la persona encargada de autorizar el matrimonio, sea competente para ello. Así, lo serán:

  • 1. El Juez encargado del Registro Civil y Alcalde del Municipio donde se celebre el matrimonio o Concejal en que éste haya delegado.
  • 2. En los municipios en que no resida dicho Juez, un delegado de éste.
  • 3. El funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil en el extranjero.

Si por cualquier causa o motivo el Juez, Alcalde o funcionario autorizante no fuera competente, pero ejerciera sus funciones de forma pública y al menos uno de los contrayentes ignorase la causa de incompetencia, el matrimonio será perfectamente válido.

2. Expediente matrimonial

La celebración del matrimonio exige la tramitación de un expediente previo, con objeto de controlar la concurrencia de los requisitos legales.

De tal modo, quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente, en expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad necesarios.

Si alguno de los contrayentes estuviese afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exige dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.

3. Celebración de la ceremonia

El matrimonio deberá celebrarse ante el Juez, alcalde o funcionario correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes y dos testigos mayores de edad.

La prestación del consentimiento podrá también realizarse, por delegación de quien instruye o tramita el expediente matrimonial, bien a petición de los contrayentes o bien de oficio (por propia iniciativa), ante un Juez, alcalde o funcionario de otra población.

En lo que atañe al rito de celebración, el Juez, alcalde o funcionario, después de leídos los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil, preguntará a cada uno de los contrayentes si consienten en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contraen en dicho acto y, respondiendo ambos afirmativamente, declarará que los mismos quedan unidos en matrimonio y extenderá la inscripción o el acta correspondiente.

Contenido de los artículos que se leerán en la ceremonia civil:

  • Artículo 66: » Los cónyuges son iguales en derechos y deberes».
  • Artículo 67: » Los cónyuges deben de respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia».
  • Artículo 68: » Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente».
Además de declararse la igualdad en derechos y deberes de ambos cónyuges, existe una regulación de una serie de obligaciones en nuestra legislación, de contenido ético, y por lo tanto, de dificilísima exigibilidad jurídica:
 

       1. EI deber de colaboración y auxilio mutuo.

       2. El deber de respeto recíproco.

       3. El deber de actuar en interés de la familia.

       4. El deber de guardarse fidelidad.

       5. El deber de vivir juntos.

 En cuanto a este último, se presume que los cónyuges viven juntos, salvo que hubieren pactado lo contrario

 Los cónyuges fijarán de común acuerdo el domicilio conyugal y, en caso de discrepancia, resolverá el Juez, teniendo en cuenta el interés de la familia.

 Junto a estos deberes conyugales, el matrimonio produce además como efectos personales, de tipo general:

       a) Ninguno de los cónyuges puede representar a otro, salvo que se le confiera (por poder notarial) expresamente tal representación.

       b) El menor de edad que con dispensa contraiga matrimonio (los demás menores no pueden), se emancipa por matrimonio.

       c) Un cónyuge puede optar por la nacionalidad y la vecindad civil del otro.

       d) El matrimonio crea lo que se llama parentesco de afinidad con los parientes consanguíneos del otro.

       e) Produce determinados efectos sucesorios (fundamentalmente, derechos legitimarios entre los cónyuges y derecho a sucesión intestada).

Para el cumplimiento de sus fines, el matrimonio requiere un soporte económico, que da lugar a la existencia de lo que se llama «régimen económico conyugal», o conjunto complejo de normas que determinan qué organización económica regirá en el matrimonio, y en virtud de ella, a quién corresponderá la propiedad y la administración y disposición de los bienes, quién ha de soportar las cargas del matrimonio y responder de las obligaciones contraídas en la gestión matrimonial, etc…

 Es decir, es el conjunto de reglas que delimitan los efectos patrimoniales del matrimonio, ya en las relaciones de los cónyuges entre sí, ya en sus relaciones con los terceros.

 En España existen tres tipos de regímenes económicos matrimoniales:

       1. El régimen de gananciales

       2. El régimen de separación de bienes

       3. El régimen de participación (casi nunca utilizado).

 

El régimen económico matrimonial será el que los cónyuges pacten o estipulen en un documento notarial que se llama capitulaciones matrimoniales. Si los cónyuges no hacen tales capitulaciones, el sistema que regirá su matrimonio, por defecto será el régimen de gananciales (o análogos, como conquistas en Navarra), salvo en Cataluña y Baleares donde el régimen supletorio (o sea, por defecto) será el régimen de separación de bienes.

 Por lo tanto, si una persona vive en cualquier parte del territorio español, salvo Cataluña y Baleares, y quiere que su régimen sea el de separación de bienes, debe ir a la notaría con su cónyuge o futuro cónyuge para otorgarlas. Lo mismo ocurre, pero al revés, en Cataluña y Baleares si se quiere que el régimen económico matrimonial sea el e gananciales.

 El mismo efecto se conseguirá si se otorgan y se dice simplemente que no rija entre ellos el régimen de gananciales (o análogo), sin expresar nada más.

 Pero no siempre hay que optar de un modo radical por un sistema u otro. Existe la posibilidad de que los cónyuges mantengan el régimen de gananciales, pero regulando en sus capitulaciones sus aportaciones concretas y el carácter de las mismas.

 Por último, se debe señalar que se establecen una serie de reglas generales, aplicables cualquiera que sea el régimen económico del matrimonio (a todos: legal o pactado en capitulaciones), las cuales son válidas para todo matrimonio y Ley obliga a que se apliquen siempre:

        • Todos los bienes del matrimonio están sujetos (responden) al levantamiento de las cargas del matrimonio (sostenimiento de la familia, alimentación y educación de los hijos…). 

       • Cualquiera de los cónyuges podrá realizar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia, encomendadas a su cuidado, teniendo en cuenta las costumbres del lugar y a las circunstancias de la misma. 

       • Para disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso ordinario de la familia se requerirá el consentimiento de los dos cónyuges o, en su caso, autorización judicial. 

       • Si uno de los cónyuges ha fallecido, las ropas, el mobiliario y enseres que constituyan el ajuar de la vivienda habitual común de los esposos se entregarán al que sobreviva (sin computárselo en su haber hereditario). No se entenderán comprendidos en el ajuar las alhajas, objetos artísticos, históricos y otros de extraordi­nario valor.

        • Posibilidad de celebrar contratos entre cónyuges, que pueden transmitirse por cualquier título bienes y derechos.

        • Para probar entre cónyuges que determinados bienes son propios de uno de ellos, será bastante la confesión del otro (pero tal confesión por sí sola no perjudicará a los herederos forzosos o legitimarios del confesante, ni a los acreedores, ya sean éstos del matrimonio o de cada uno de los cónyuges).

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