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Sobre las modificaciones en la Ley de Propiedad Intelectual frente a la piratería en internet (Disposición final primera).

Como todos sabréis a estas alturas, el Gobierno pretende introducir ciertas medidas relativas básicamente al control de la bajada de contenidos de Internet, amparándose en la defensa de la Propiedad Intelectual. Las medidas a adoptar consistirían, en general, en lo siguiente:
Crear una Comisión del Ministerio de Cultura la potestad de cerrar páginas web que, a su juicio, vulneran los derechos de propiedad intelectual.
No existencia de un control jurisdiccional sobre tal potestad, bastando simplemente que tal Comisión entienda que se ha producido dicha vulneración. Se trataría de una intervención administrativa, simplemente, sin intervención de un Juez que, tras examinar prueba, determine que tal sitio web atenta o no contra tales derechos y en qué medida y establezca las medidas a seguir mediante sentencia.

– En palabras de la propia Ministro de Cultura, no se pretende ir contra los usuarios (suponemos que se refiere a no inhabilitar acceso a internet de los ordenadores personales) sino contra los sitios web que, a juicio de tal Comisión, vulneran los derechos de Propiedad Intelectual.
Como era de esperar, tal medida está haciendo correr ríos de tinta en medios escritos y telemáticos. Por internet ya circula un manifiesto que reza lo siguiente:

“En defensa de los derechos fundamentales en Internet:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español , perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.”

A la vista de tal manifiesto, y en espera de que se precise por el Gobierno los límites de tal intervencionismo y las garantías para el ciudadano, desde Iurisconsultas hacemos las siguientes reflexiones desde el sentido común.
– En realidad poco sabemos de las medias exactas a adoptar, pues la disposición final primera de tal anteproyecto sólo establece un marco muy general y prevé un posterior desarrollo reglamentario.
– Habrá que determinar qué derecho fundamental prevalece sobre el otro y quién lo dice. El Gobierno debe afinar mucho más.
– Entendemos que intentar limitar la libertad hasta ahora existente en la red es como ponerle puertas al campo. Es un hecho que Internet ha supuesto una revolución en nuestras vidas y que está generando unos nuevos modelos de empresa y negocio que antes no existían. ¿Quién defenderá a los usuarios? ¿Hay alguna manera de recurrir las decisiones de la Comisión?¿Puede ponerse en marcha la labor de la comisión en virtud de una especie de denuncia particular -con los peligros que de ello se derivarían- o actuará “de oficio”?
– Por último nos hacemos la siguiente pregunta, ¿quién controla a los controladores?

La polémica está servida.

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