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La polémica Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que todo el mundo llama ya  la «Ley de las tasas judiciales» se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado y ha entrado en vigor hoy mismo.

En teoría, a partir de hoy todo aquel que presente una demanda o recurso ante las Jurisdicciones Civil, Contencioso-administrativo y, en algunos casos, en la Jurisdicción Social, deberá ingresar a Hacienda las dichosas tasas judiciales.

Hasta hoy, día 22 de noviembre de 2012, las tasas judiciales afectaban sólo a las personas jurídicas en el ejercicio de la potestad jurisdiccional en lo órdenes  civil y contencioso-administrativo y, aunque había que presentar el modelo 696 con su liquidación, sólo se abonaban en caso de que la persona jurídica no estuviere exenta por alguna de las siguiente causas:

 1. Si la persona jurídica tenía la consideración de entidad de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sde Sociedades (es decir, aquéllas con el importe neto de la cifra de negocios inferior a 8 millones de euros en el ejercicio anterior).
2. Si la entidad total o parcialmente estuviere exenta del Impuesto de sociedades.
3. Si se trataba de entidades sin fines lucrativos que que hubieren optado por el régimen fiscal especial de las entiedades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo.
 
Con esta nueva Ley se suman todas las personas físicas, que antes también estaban exentas. Queda derogado por la nueva Ley el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que era donde se regulaban las exenciones antedichas.
 
El problema no es sólo la imposición de la tasa, lo que no sería tan descabellado si se hubiera hecho con la debida mesura, sino que la Ley establece que la cuantía de la tasa es el resultado de la suma de dos partidas: la fija, en función del tipo de acción que se ejercite y ante qué orden jurisdiccional; y la variable, calculada en función del interés económico del pleito. Es en la parte variable donde se encuentra el peligro, porque se basa en la cuantía (interés económico del procedimiento que hay que calcular y fijar con carácter obligatorio en cualquier demanda) del procedimiento.
 
Así, si las tasas fijas van desde los 100 euros hasta los 1.200 euros, cantidades a las que habría que sumar entre un 0,25% y un 0,50% de la cuantía procesal, del siguiente modo: 0,50% para los pleitos de hasta 1.000.000 de euros y para el resto de la cuantía que pase de esa cantidad, al 0,25%.
 
Por ejemplo, en el caso de demanda en la que se ejercite una acción de división judicial de herencia (Jurisdicción civil, procedimiento ordinario) que tuviera bienes por valor de 1.300.000 euros (cuantía del procedimiento) se pagaría en la demanda interpuesta ante la Primera Instancia 300 euros de tasa fija a la que habría que sumar un 0,50% por ser una cuantía de hasta un millón de euros, más un 0,25% por exceder también esa cantidad. En total 6.050 euros. Si hubiese que apelar serían 800 euros, más el 0,5%, más el 0,25%, lo que supondrían 6.550 euros.
 
Un despido, reclamación de facturas frente a cualquier Administración, negligencias médicas, multas, reclamaciones de daños y perjuicios, divorcios…. Nada se libra. La únicas excepciones para estar exentos de pagar las tasas es ser pensionista o acreditar de algún modo no poder pagarlas y, en el caso de tratarse de rescursos de suplicación y casación ante el orden jurisdiccional de lo Social, tratarse de un trabajador, los cuales podrán pagar un 60% menos (eso sí, los autónomos, funcionarios, empresarios…. que se olviden de ninguna rebaja).
 
 Tampoco se tendrá que pagar en los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros. 
 
El procedimiento no podrá comenzar sin aportar previamente el justificante compulsado por Hacienda de haber abonado la tasa.
 
La finalidad úlitma de esta medida no es otra que intentar que el sistema judicial, tan gravoso es para el Estado,  se «autofinancie» aunque tampoco hay que dejar de lado la naturaleza disuasoria de estas medidas. Por lo tanto y por supuesto quedan exentos del pago de las tasas el Ministerio Fiscal, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los organismos públicos dependientes de todas ellas, las Cortes Generales y las Asampleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
 
No obstante, parece que no se ha tenido en cuenta a la persona a la que le interesa por cualquier razón un pronunciamiento judicial sobre su problema (porque todos los asuntos, no lo olvidemos, son problemas). Es a este particular quien más se perjudica porque a la tasa judicial habrá que sumar, por supuesto, los honorarios de su abogado, de su procurador y, en caso de haberlo, los de un perito al que se encargue informe pericial.
 
Son muchas los sectores que se han mostrado indignados contra esta Ley exprés, muchos por las tasas y otros (como asociaciones de jueces y fiscales) por el resto de las medidas que se incluyen en esta Ley, las cuales les atañen directamente. Incluso el principal partido de la oposición ha anunciado que interpondrá recurso de inconstitucionalidad ante el TC.
 
Habrá que esperar a ver en qué queda esta Ley. Por lo pronto, hoy, día de su entrada en vigor, los impresos para liquidarlas aún no estaban listos. El subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, ha explicado que no comenzarán a pagarse hasta que no estén listos los formularios, cuya elaboración depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
 
Durante las últimas semanas y ayer en concreto, los despachos de abogados nos encontramos colapsados. Todo el mundo quería presentar sus demandas o recursos antes de que la Ley de Tasas entrase en vigor para ahorrarles a sus clientes tener que satisfacerlas. No deja de ser una paradoja que, con tantas prisas para la entrada en vigor de la Ley, el Gobierno se haya olvidado de preparar los formularios.
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