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La normativa española en materia de nacionalidad contempla el supuesto de adquisición de la nacionalidad por razón de la residencia en el territorio. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, no pudiendo solicitarla quienes no estén en posesión de un título legal de residencia (nacional o europeo) o se hayan ausentado del país por causas injustificadas. 
 
Con carácter general, dice el Código Civil español que para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere un periodo de estancia en el territorio nacional de diez años. No obstante, serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes. Con un carácter más especial bastará el tiempo de residencia sólo de un año para los siguientes casos: 
 
a) El que haya nacido en territorio español.
b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.
c) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos.
d) El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho.
e) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.
f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.
 
En caso de encontrarse bajo alguna de las situaciones descritas y querer iniciar el trámite, habrá que tener en cuenta que la solicitud del trámite podrá ser realizada por el interesado, siempre que posea la mayor legal de edad o este emancipado judicialmente.
 
En caso de menores de edad, si el interesado posee más de 14 años deberá de estar asistido por su representante legal y, si por el contrario, tiene menos de esa edad, el encargado de su solicitud será su representante legal.
 
En caso de incapacitados habrá que acudir a la sentencia de incapacidad para contemplar quien es el sujeto habilitado  para dichas funciones (el incapacitado o su representante legal).
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