El nasciturus es el concebido y no nacido al que en Derecho civil español se le conceden determinados derechos, tanto hereditarios, como la posibilidad de ser donatario (destinatario o beneficiario) en alguna donación.

Jurídicamente se considera nasciturus al feto desde el momento de la concepción hasta su separación completa del cuerpo de la madre mediante el corte del cordón umbilical.

Para que tales derechos puedan hacerse efectivos es necesario, que el nacido tenga los siguientes requisitos:

– Tener figura humana

– Vivir más de veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno.

Ver también, concepturus

Abogado es todo profesional del Derecho, libre e independiente que defiende los derechos e intereses, tanto públicos como privados, mediante la aplicación de la ciencia y técnica jurídica. Un abogado le ofrece asesoramiento jurídico, tanto fuera de procedimientos judiciales como en la defensa de los intereses de parte en un procedimiento judicial. Son muchas las ramas del Derecho en las que un abogado puede asesorarle. Siempre que usted vaya a tomar una decisión de importancia en su vida, tanto por razones matrimoniales, hereditarias, contractuales, como de empresa, o en sus relaciones con la Administración pública o de Justicia, le aconsejamos que haga una consulta jurídica a un abogado de confianza que le podrá explicar con detenimiento las implicaciones y efectos jurídicos que se deriven de su actuar concreto. En Iurisconsultas abogados le ofrecemos asesoramiento jurídico integral en Derecho privado, Derecho de empresa, Derecho administrativo, procedimientos judiciales (civil, familia, mercantil, contencioso-administrativo) y urbanismo. No dude en pornerse en contacto con nosotros pinchando aquí o dirigiendo un e-mail a info@ic-abogados.com También puede llamar al teléfono 699 064 252

El concepturus es el no concebido aún, pero que se puede tener en cuenta a efectos hereditarios, para el caso de que sea concebido y nazca con las condiciones mínimas siguientes: 

– tener forma humana 

– vivir enteramente desprendido del seno materno más de 24 horas.

Ver también: nasciturus

La opción financiera o el contrato de opción financiera es un contrato mercantil preparatorio de otro principal, en virtud del cual una de las partes se compromete , a cambio de la percepción de una cantidad denominada prima, a obligarse a contratar, en una fecha futura preestablecida y a un precio determinado, si bien la celebración final del contrato principal se deja al arbitrio del beneficiario de la opción.

El derecho de opción del beneficiario puede consistir en una opción de compra o venta sobre un instrumento financiero, pero también en el derecho a percibir el pago de la diferencia que resulte entre el precio del mercado del instrumento financiero y el precio de ejercicio -precio establecido en el contrato de opción-. 

Los contratos de opción negociados en mercados organizados son contratos estandarizados e implican la interposición contractual entre concedente y beneficiario de la Sociedad Rectora del mercado. En cambio, los contratos de opción OTC («over the counter») o contratos bilaterales negociados al margen de los mercados organizados, las partes gozan de una mayor libertad a la hora de configurar sus respectivas prestaciones.

Ver relacionados (pinchar):

Contratos de opción de compra (civil)

Leasing o arrendamiento financiero.

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Testador es la persona que hace o que ha hecho testamento.

Etimológicamente, esta palabra procede del latín: testator-testatoris.

Suele decirse que una persona ha muerto intestada, cuando no ha hecho testamento. Por el contrario, suele decirse que ha fallecido testada/o si tenía hecho testamento en el momento de su muerte.

Para saber más sobre testamentos, pinche aquí.

¿Necesita asesoramiento jurídico sobre herencias o testamentos? Nuestros abogados le responden. Pídanos presupuesto sin compromiso pinchando en contacto o enviándonos un e-mail a info@ic-abogados.com

Una persona que fallece intestada es una persona que ha muerto sin haber hecho testamento.

A la sucesión intestada también se la llama sucesión legítima (por Ley) y determina quiénes son las personas que tienen derecho a heredar a otra que ha fallecido sin establecer quiénes van a ser aquéllos llamados a heredarle.

Dicha sucesión legítima establecida por la Ley, no sólo se abre cuando una persona falllece sin testamento, sino también en otros casos.

De este modo, la sucesión legítima tiene lugar:

1. Cuando una persona muere sin testamento, o con testamento nulo o que haya perdido después su validez.

2. Cuando el testamento no contiene institución de heredero en todo o en parte de los bienes o dispone de todos los que corresponden al testador. En este caso, la sucesión legítima tendrá lugar sólo respecto de los bienes de que no se haya dispuesto.

3. Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, o éste muere antes que el testador, o repudia la herencia sin tener sustituto y sin que haya lugar al derecho de acrecer.

4. Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder.

A falta de herederos testamentarios, la Ley defiere la herencia a los parientes del difunto, al viudo/a y al Estado.

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La sucesión intestada es la que se abre respecto de aquellos que por Ley están llamados a heredar a una persona que ha fallecido sin hacer testamento.

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Son personas jurídicas las realidades sociales a las que el Estado reconoce o atribuye individualidad propia, distinta de sus elementos componentes, sujetos de derechos y deberes y con una capacidad de obrar en el tráfico por medio de sus órganos o representantes. 

Se trata de una «creación» jurídica que surge al observar cómo en la vida existen supuestos de hecho en los que hay una pluralidad de personas que se agrupan para conseguir un fin común a todas ellas (asociaciones, sociedades) o en que una persona dispone de sus bienes para que naza una institución dedicada a obras benéficas (fundación). Son éstos, casos todos ellos de unión entre personas o de un patrimonio que se destina a un fin, que funcionan en el tráfico jurídico como si se tratase de una individualidad

Se debe tener claro que al hablar de «persona» jurídica, el término persona se usa de modo traslaticio, porque persona únicamente lo es el hombre. Sin embargo, el Derecho trata a esos fenómenos como personas y de ahí que traslaticiamente se pueda afirmar que son sujetos de derechos y deberes como el hombre, que serán destinatarias de normas jurídicas y que van a actuar su capacidad jurídica por medio de sus órganos.

¿Qué son personas jurídicas? Por ejemplo, una sociedad anónima o una fundación.

¿Qué no son personas jurídicas? Una familia, una comunidad de propietarios o la copropiedad que tengan dos o más personas físicas sobre un mismo bien.

La existencia de las personas jurídicas evita que la agrupación de personas funcione como una suma de las mismas en cada relación jurídica.

En todas las personas jurídicas se detecta un elemento imprescindible para su funcionamiento: la existencia de diferentes órganos (por ejemplo, Junta Directiva en las asociaciones, Consejo de Administración en las sociedades anónimas, etc.), con funciones propias que realizan el fin de la persona jurídica, y que son necesarios para que dicha persona jurídica pueda actuar en el tráfico.

La adquisición de la personalidad jurídica plena depende del cumplimiento por parte de los socios, asociados o integrantes de la fundación, de unos requisitos formales (escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, de Asociaciones o de Fundaciones, respectivamente) cuando surge esa personalidad la sociedad adquiere la condición de empresario, que no tienen los socios.

Para saber más sobre empresas personas físicas y empresas personas jurídicas, pinche aquí.

¿Qué es el IDUFIR?

IDUFIR o Identificador Único de Finca Registral, es el código numérico con el que se  identifica una finca registral inscrita en el Registro de la Propiedad.

Se usa para localizar una finca porque es un código único asociado a cada finca que no permite errores de identificación.

Cada Registro genera este código a través de un proceso telemático automatizado, de forma que el código se refiera siempre a la finca sin variaciones temporales. Es una especie de DNI de la finca.

La referencia catastral no guarda ninguna similitud con el IDUFIR, son códigos o referencias distintas. De hecho, las referencias catastrales pueden cambiar en el tiempo y no así el IDUFIR.

Como el IDUFIR es de reciente creación, existen muchos documentos registrales antiguos que no lo incluyen, pero ya se incorpora automáticamente a cualquier documento que se va solicitando.

Aunque el IDUFIR es la mejor forma de buscar una finca en el Registro de la Propiedad, existe la posibilidad de solicitar notas simples o certificaciones con otros datos.

¿Está interesado en solicitar una nota simple? Nuestros abogados la buscan por usted. Pinche aquí.

Los contratos llamados SWAPS o permutas financieras (o contratos de gestión de riesgos financieros) son contratos aleatorios de tipo especulativo, en los que se pacta un intercambio futuro de bienes o servicios entre los contratantes, generalmente, entregas de dinero dependientes de un suceso futuro e incierto. Son contratos distintos de los seguros y entrarían en la categoría bancaria de los derivados financieros.

La característica principal que define los  derechos reales es su absolutividad, lo que supone la obligación de respeto y aceptación de los mismos por toda persona ajena a su titularidad, pero sin imponer obligaciones concretas sobre la misma cosa a personas determinadas.

Expresión latina que se refiere a las cosas que no tienen propietario, que carecen actualmente de dueño y que pueden ser objeto de apropiación, fundamentalmente a través de la ocupación (artículo 610 y siguientes del Código Civil).

Esta clasificación tuvo mucha importancia al comienzo de los sistemas jurídicos. Sin embargo, en la actualidad su consideración tiene un campo muy limitado, pues son muy pocas las cosas sin dueño.

Normalmente, se entienden como res nullius los bienes muebles sin dueño. Sobre los bienes inmuebles, es algo más complejo, porque suele decirse que pertenencen «desde luego» (esto es, desde el momento en que no tienen dueño), al  Estado, como establecía en su día la antigua Ley de Mostrencos y, en la actualidad, la vigente Ley de Patrimonio del Estado.

Este término suele confundirse con el de «res derelictae«, que se refiere estrictamente a las cosas que, teniendo un dueño con anterioridad, han sido abandonadas. Una res nullius nunca han tenido dueño. Sin embargo, cuando se habla de res nullius suele hacerse para referirse a ambas categorías.

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En general, el derecho real atribuye a su titular un poder sobre una cosa, no ligado directamente a obligaciones por su parte. Sin embargo, existen supuestos en que la existencia de un derecho real conlleva para su titular la existencia de determinadas obligaciones: Son las llamadas obligaciones propter rem (obligaciones «a causa de la cosa»), que se derivan de su titularidad.

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Se entiende por precario la situación que se da cuando una persona tiene la posesión de una cosa, normalmente un bien inmueble, sin ser su dueño. El dueño tolera dicha posesión, pero ello no significa que otorgue al poseedor ningún derecho sobre la cosa.

De este modo:

– el poseedor de la cosa carece de título

– el poseedor no consolida ningún derecho sobre ella

– el dueño de la cosa puede reclamarla en cualquier momento..

Se trata de un supuesto no regulado expresamente en nuestra legislación civil. De hecho, sólo se refieren al precario las normas de carácter procesal relativas a conceder al dueño de la cosa una acción de desahucio contra el poseedor, acción encuadrable dentro del procedimiento verbal.

A) En general, el precario es una situación de hecho que puede provenir de una posesión sin título, de una posesión meramente tolerada, o de una posesión concedida graciosamente por el dueño de la cosa.

La posesión sin título puede surgir de no existir dicho título, o haber éste concluído sus efectos, o devenido ineficaz.

En ambos casos el precario se regulará por las reglas de la posesión, siendo el precarista un poseedor de buena o mala fe, según los casos.

Este tipo de precario es algo que siempre ha estado relacionado con la posesión, derecho real, pero «de hecho».

B) Por otro lado, parece claro que si el precario normalmente es una situación de hecho, podrá serlo «de derecho», esto es, podrá pactarse un verdadero contrato. Tal situación ha sido muy discutida, pues esta figura entonces estará más cerca del comodato (préstamo de cosa no fungible) que de la propia posesión.

Lo anterior tiene importancia, pues según se considere una opción u otra, habrá de regirse el precario, al no tener regulación propia, por lo pactado y por las normas de la posesión o del comodato, instituciones distintas y con regulación diferente, pero ambas dentro del Código Civil español y según se trate.

En nuestro derecho el precario no es regulado en el CC, apareciendo solamente en el artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que al regular el procedimiento verbal admite su utilización “para la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario por el dueño, usufructuario o cualquier persona con derecho a poseer dicha finca” .

Obviamente tratándose de una situación posesoria no es objeto de inscripción registral, quedando excluida su inscripción por el artículo 5 de la Ley Hipotecaria.

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Las cargas reales se encuentran a caballo entre el concepto de derecho real o de crédito (obligaciones). Una vez más, la palabra real se refiere a que recae sobre una cosa (del latín, res-rei).

Se habla de retroactividad de las leyes a la aplicación de sus principios y disposiciones a hechos, o partes de cadenas de hechos, que han tenido lugar con anterioridad a su promulgación. Es decir, tendría efectos retroactivos una ley nueva que se aplicara a se aplicara a hechos o a situaciones anteriores a su entrada en vigor.

En general, se consideran reprobables los efectos retroactivos de las leyes. Sin embargo, la excepción a lo anterior podemos encontrarla en los casos en que las leyes den un trato más benigno a sus destinatarios, en cuyo caso a veces se permiten tales efectos retroactivos.

En línea con lo anterior, en Derecho español, el artículo 9.3 de la Constitución garantiza «la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales».

El principio de irretroactividad inspira nuestro Ordenamiento jurídico, no sólo de forma general, sino en concreto en relación con las normas penales. Se entiende que las normas penales no tendrán efecto retroactivo, no obstante lo cual y como excepción, cabe la aplicación de leyes no vigentes en el momento de cometerse el delito, si, aun siendo posteriores, resulten más beneficiosas para el imputado, puesto que, al promulgar la nueva ley, el legislador está reconociendo tácitamente la injusticia de la norma ya derogada.

El artículo 25 la Constitución española establece que «nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».

El contrato de factoring es aquel mediante el cual un empresario cede los créditos comerciales frente a sus clientes (facturas pendientes de coboro) a una sociedad de Factoring (o factor, que normalmente son establecimientos de crédito, filiales de las principales entidades bancarias), la cual se obliga a realizar una serie de servicios respecto de dichos créditos, que se suelen articular en las siguientes funciones:

Se habla de retroactividad de las leyes a la aplicación de sus principios y disposiciones a hechos, o partes de cadenas de hechos, que han tenido lugar con anterioridad a su promulgación. Es decir, tendría efectos retroactivos una ley nueva que se aplicara a se aplicara a hechos o a situaciones anteriores a su entrada en vigor.

En general, se consideran reprobables los efectos retroactivos de las leyes. Sin embargo, la excepción a lo anterior podemos encontrarla en los casos en que las leyes den un trato más benigno a sus destinatarios, en cuyo caso a veces se permiten tales efectos retroactivos.

En línea con lo anterior, en Derecho español, el artículo 9.3 de la Constitución garantiza «la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales».

El principio de irretroactividad, de hecho, inspira nuestro Ordenamiento jurídico, no sólo de forma general, sino en concreto en relación con las normas penales. Se entiende que las normas penales no tendrán efecto retroactivo, no obstante lo cual y como excepción, cabe la aplicación de leyes no vigentes en el momento de cometerse el delito, si, aun siendo posteriores, resulten más beneficiosas para el imputado, puesto que, al promulgar la nueva ley, el legislador está reconociendo tácitamente la injusticia de la norma ya derogada.

El artículo 25 la Constitución española establece que «nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».

¿Tiene algún problema relacionado con un contrato de leasing? Nuestros abogados le asesoran. Pídanos presupuesto sin compromiso pinchando aquí o enviando un e-mail a info@ic-abogados.com

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Se entiende por contrato de leasing o de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles o inmuebles,  adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de cuotas.

Se habla de retroactividad de las leyes a la aplicación de sus principios y disposiciones a hechos, o partes de cadenas de hechos, que han tenido lugar con anterioridad a su promulgación. Es decir, tendría efectos retroactivos una ley nueva que se aplicara a se aplicara a hechos o a situaciones anteriores a su entrada en vigor.

En general, se consideran reprobables los efectos retroactivos de las leyes. Sin embargo, la excepción a lo anterior podemos encontrarla en los casos en que las leyes den un trato más benigno a sus destinatarios, en cuyo caso a veces se permiten tales efectos retroactivos.

En línea con lo anterior, en Derecho español, el artículo 9.3 de la Constitución garantiza «la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales».

El principio de irretroactividad, de hecho, inspira nuestro Ordenamiento jurídico, no sólo de forma general, sino en concreto en relación con las normas penales. Se entiende que las normas penales no tendrán efecto retroactivo, no obstante lo cual y como excepción, cabe la aplicación de leyes no vigentes en el momento de cometerse el delito, si, aun siendo posteriores, resulten más beneficiosas para el imputado, puesto que, al promulgar la nueva ley, el legislador está reconociendo tácitamente la injusticia de la norma ya derogada.

El artículo 25 la Constitución española establece que «nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».

El principio de legitimación registral es aquél en virtud del cual los asientos del Registro de la Propiedad  (o Mercantil o de Bienes Muebles) se presumen exactos y veraces, y como consecuencia de ello, al titular registral se le considera legitimado para actuar en el tráfico jurídico y en el proceso jurisdiccional como tal titular.

En España, este principio se aplica, como decimos, al contenido de los asientos de los Registros jurídicos, no así al contenido de los Registros de carácter meramente administrativo.

La legitimación procesal hace referencia a una determinada relación del sujeto con la situación jurídica sustancial que se deduce en juicio.

Esta relación se concreta normalmente en la afirmación de la titularidad de la situación jurídico sustancial cuya tutela se pretende en el proceso. 

Al hablar de legitimación se puede hacer una distinción entre legitimación ordinaria y extraordinaria:

– Legitimación ordinaria:  Corresponde al titular de la situación jurídica sustancial que se deduce en juicio. Sólo él puede pedir y obtener la tutela jurídica demandada (legitimación activa), frente a otro sujeto al que se afirma titular del deber u obligación correlativos (legitimación pasiva).

– Legitimación extraordinaria: En algunas situaciones, el Ordenamiento legitima a un sujeto para deducir en juicio, en nombre propio, un derecho ajeno del que no es titular. Este es el caso de la acción subrogatoria regulada en el artículo 1111 del Código civil español, y cuya dicción literal recogemos como ejemplo para entender a qué se refiere exactamente el concepto de legitimación extraordinaria:  «Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho».

Se debe aclarar que tanto en los supuestos de legitimación ordinaria como extraordinaria, las afirmaciones iniciales realizadas por el actor en la demanda bastan para que el actor (demandante) y demandado sostengan el pleito como partes legítimas, pues lo que se tiene en cuenta en la legitimación no es la relación jurídica en cuanto existente sino en cuanto deducida o afirmada en la demanda.

Lo que se trata de averiguar en el proceso es si el derecho afirmado existe efectivamente y si, en caso de existir, pertenece al demandante frente al demandado, ya que la legitimación es un tema de fondo que sólo la sentencia puede resolver. De manera que, si la sentencia declara que el derecho no existe o que no corresponde al actor frente al demandado, no quiere decir ello que el proceso se haya desarrollado entre partes no legitimadas, lo que falta -y faltaba- es la titularidad material y eso es lo que se declara, pero la sentencia es plenamente válida y eficaz entre partes.

Corresponde la legitimación activa al titular de la situación jurídica sustancial que se deduce o pretende en juicio. Sólo él puede pedir y obtener la tutela jurídica demandada , frente a otro sujeto al que se afirma titular del deber u obligación correlativos (legitimación pasiva).

Para más información, Ver legitimación procesal

Corresponde la letimación activa al titular de la situación jurídica sustancial que se deduce o pretende en juicio. Sólo él puede pedir y obtener la tutela jurídica demandada , frente a otro sujeto al que se afirma titular del deber u obligación correlativos (legitimación pasiva).

Para más información, Ver legitimación procesal

Las presunciones son una prueba indirecta, que consiste en deducir, partiendo de un hecho base, un hecho consecuencia. Puede por ello, ser definida, en términos generales, como la averiguación de un hecho desconocido, deduciéndolo de otro conocido.

Las presunciones legales tienen su origen en una Ley y dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a la que este hecho favorezca.

Las presunciones legales tienen su origen en una Ley y dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a la que este hecho favorezca.

La expresión “Erga omnes” es una locución latina que se utiliza mucho en Derecho. Significa “frente a todos”. Por lo tanto, la expresión “eficacia erga omnes” se refiere a algo que produce efectos frente a todos, frente a cualquiera.

Por ejemplo: «Eficacia real erga omnes» significaría que algo tiene efectos de carácter real, esto es, referido a un bien inmueble o  derecho real y frente a todos.

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En principio, y como su propio nombre indica, parece que la distinción se encuentra en la posible movilidad de las cosas (que se puedan o no trasladar de un lugar a otro), aunque, como enseguida veremos, éste no es el único criterio, desde el punto de vista jurídico, que se sigue en el sistema español (el Código Civil, que es quien lo regula).

La diferenciación comienza, en general, por la distinta concepción económica de los bienes, en una época en la que sólo las cosas inmuebles tenían valor, y los muebles eran considerados como despreciables.

De este modo, ello se manifiesta en la mayor protección y garantía que se brindaba a los inmuebles (así se explica que respecto de ellos se dispusiera de unas formas más solemnes y unos requisitos de capacidad más rigurosa para su enajenación y gravamen, y que se establezca el Registro de la Propiedad para que se pueda conocer su historia jurídica).

Sin embargo, en la actualidad, la fortuna mobiliaria tiene en algunas ocasiones más importancia que la inmobiliaria. Así, se ha creado el Registro de Bienes Muebles y hoy en día es posible hipotecarlos, por ejemplo.

Por ello, ha llegado a afirmarse que la distinción fundamental entre muebles e inmuebles tiende a ser reemplazada por la que distingue entre   bienes registrables y no registrables  .

→ Criterio general: Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles.

Pero cabe preguntarse… ¿y los animales? ¿son muebles o inmuebles? Está claro que son susceptibles de apropiación, pero no encajan en ninguna de las dos categorías. Pues bien, los animales integran una categoría especial: son semovientes.

BIENES INMUEBLES

→ Son bienes inmuebles, siguiendo el criterio clásico y al Código Civil:

            1. Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo tipo adheridas al suelo.

            2. Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren unidos a la tierra o formaren parte integrante de un inmueble.

            3. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de forma que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto.

4. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, colocados en edificios o heredades (fincas) por el dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo (o finca).

5. Las máquinas, vasos (se refiere a algún tipo de embarcación o barco), instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca a la industria o explotación que se realice en un edificio o heredad (finca), y que directamente concurran a satisfacer las necesidades de la explotación.

6. Los, viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos cuando el propietario los haya colocado o los conserve, con el propósito de mantenerlos unidos a la finca, y formando parte de ella de un modo permanente.

7. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de utilizarse.

8. Las minas, canteras y escoriales (lugar donde se echan las escorias de las fábricas metalúrgicas), mientras su materia permanece unida al yacimiento, y las aguas vivas o estancadas.

9. Los diques de construcciones que, aún cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa.

10. Las concesiones administrativas de obras públicas y las servidumbres y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.

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En principio, y como su propio nombre indica, parece que la distinción se encuentra en la posible movilidad de las cosas (que se puedan o no trasladar de un lugar a otro), aunque, como enseguida veremos, éste no es el único criterio, desde el punto de vista jurídico, que se sigue en el sistema español (el Código Civil, que es quien lo regula).

La diferenciación comienza, en general, por la distinta concepción económica de los bienes, en una época en la que sólo las cosas inmuebles tenían valor, y los muebles eran considerados como despreciables.

De este modo, ello se manifiesta en la mayor protección y garantía que se brindaba a los inmuebles (así se explica que respecto de ellos se dispusiera de unas formas más solemnes y unos requisitos de capacidad más rigurosa para su enajenación y gravamen, y que se establezca el Registro de la Propiedad para que se pueda conocer su historia jurídica).

Sin embargo, en la actualidad, la fortuna mobiliaria tiene en algunas ocasiones más importancia que la inmobiliaria. Así, se ha creado el Registro de Bienes Muebles y hoy en día es posible hipotecarlos, por ejemplo.

Por ello, ha llegado a afirmarse que la distinción fundamental entre muebles e inmuebles tiende a ser reemplazada por la que distingue entre bienes registrables y no registrables.

→ Criterio general: Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles.

Pero cabe preguntarse… ¿y los animales?¿son muebles o inmuebles? Está claro que son susceptibles de apropiación, pero no encajan en ninguna de las dos categorías. Pues bien, los animales integran una categoría especial: son semovientes.

BIENES MUEBLES

En cambio, se consideran bienes muebles los susceptibles de apropiación que no estén comprendidos entre los bienes inmuebles (ver enumeración) y, en general, todos los que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble a que estuvieren unidos.

Por otro lado, también tienen la consideración de bienes muebles las rentas o pensiones (sean vitalicias o hereditarias), afectas a una persona o familia, siempre que no graven con carga real una cosa inmueble; los contratos sobre servicios públicos y las cédulas y títulos representativos de préstamos hipotecarios.

Se consideran muebles, como reducto histórico, los oficios enajenados (empleo o destino cuya provisión vendía la Corona, una o más veces, hasta principios del siglo XIX, como fuente de ingresos. Solían ser cargos que no tenían jurisdicción directa, propia e importante). Hoy en día, sin importancia, ya no existen.

Por último, se hace una clasificación de los bienes muebles, los cuales, pueden ser:

• Fungibles: aquéllos de los que no puede hacerse un uso adecuado según su naturaleza sin que se consuman (por ejemplo, el dinero).

• No fungibles: Los demás, es decir, aquéllos que no se consumen, mientras se haga un uso adecuado de los mismos.

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El recurso de reposición es un recurso administrativo que tiene por objeto la impugnación de los actos administrativos que agoten la vía administrativa, para su resolución por el mismo órgano autor del acto (órgano administrativo), cuando el interesado no opte por consentir el acto o recurrirlo directamente en vía contencioso-administrativa (vía judicial). 

Dicho de forma más fácil para su comprensión, un recurso de reposición es el recurso que se interpone ante la propia Administración u órgano administrativo que emite el acto que se pretende impugnar. Aún nos hallamos en la vía administrativa, no estamos en la vía judicial.

La finalidad del recurso es la de facilitar a la administración la posibilidad de rectificar su decisión, evitando de esta forma, un pronunciamiento adverso y posibilitando su actuación conforme a ley. Lo que se pretende, por tanto, es que la propia Administración revoque el acto administrativo que se entiendo contrario a Derecho.

Al interponer un recurso de reposición se debe estar dentro del plazo, pues de lo contrario no será admitido por extemporáneo.

Normalmente se puede optar por «agotar la vía administrativa» interponiendo este recurso o acudir directamente a la vía judicial a través del recurso contencioso-administrativo, es decir, se puede hacer lo primero, lo segundo o ambos, en caso de inadmisión del recurso de reposición.

Si el interesado opta por recurrir en reposición el acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, en lugar de acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa, no puede interponer el recurso contencioso hasta que sea resuelto expresamente  o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto (esto es, en caso de no obtener contestación, se presume que el silencio es negativo).

Nuestros abogados pueden redactar su recurso de reposición: pinche aquí

Se hace una clasificación de los bienes muebles, los cuales, pueden ser:

• Fungibles: aquéllos de los que no puede hacerse un uso adecuado según su naturaleza sin que se consuman (por ejemplo, el dinero).

• No fungibles: Los demás, es decir, aquéllos que no se consumen, mientras se haga un uso adecuado de los mismos.

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Mediante un contrato de alojamiento de servidores, conocido por su nombre en inglés como contrato de housing o colocation, una empresa (el proveedor) ofrece como servicio el alojamiento de un servidor (ordenador) de la propiedad del cliente, en las instalaciones de la empresa del proveedor.

La razón de ser de este tipo de contratos deriva de la necesidad que tienen las empresas de disponer de un servidor conectado permanentemente a Internet en el cual se aloja su página web, una intranet o una extranet.

Las empresas contratan este tipo de servicios a proveedores que disponen de instalaciones perfectamente equipadas con servicio de electricidad ininterrumpida y conexión de datos.

El proveedor o ISP (Internet Service Provider) alquila un espacio en sus instalaciones para que el cliente pueda alojar su servidor y además ofrece, como decíamos, el servicio de electricidad a prueba de fallos, conexión de datos, firewalls, backups, etc.

El contrato de housing o colocation no debe confundirse con el contrato de alojamiento de página web o hosting. La principal diferencia entre ambos es que en el primero el servidor es propiedad del propio cliente, y en el segundo no.

¿Le interesa obtener una plantilla de este contrato o que nuestros equipo de abogados se lo redacte a medida? Pinche aquí.

El término inmueble suele referirse a bienes de esta categoría. Suele contraponerse a los bienes muebles.

En principio, y como su propio nombre indica, parece que la distinción se encuentra en la posible movilidad de las cosas (que se puedan o no trasladar de un lugar a otro), aunque, como enseguida veremos, éste no es el único criterio, desde el punto de vista jurídico, que se sigue en el sistema español (el Código Civil, que es quien lo regula).

La diferenciación comienza, en general, por la distinta concepción económica de los bienes, en una época en la que sólo las cosas inmuebles tenían valor, y los muebles eran considerados como despreciables.

De este modo, ello se manifiesta en la mayor protección y garantía que se brindaba a los inmuebles (así se explica que respecto de ellos se dispusiera de unas formas más solemnes y unos requisitos de capacidad más rigurosa para su enajenación y gravamen, y que se establezca el Registro de la Propiedad para que se pueda conocer su historia jurídica).

Sin embargo, en la actualidad, la fortuna mobiliaria tiene en algunas ocasiones más importancia que la inmobiliaria. Así, se ha creado el Registro de Bienes Muebles y hoy en día es posible hipotecarlos, por ejemplo.

Por ello, ha llegado a afirmarse que la distinción fundamental entre muebles e inmuebles tiende a ser reemplazada por la que distingue entre   bienes registrables y no registrables  .

→ Criterio general: Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles.

Pero cabe preguntarse… ¿y los animales? ¿son muebles o inmuebles? Está claro que son susceptibles de apropiación, pero no encajan en ninguna de las dos categorías. Pues bien, los animales integran una categoría especial: son semovientes.

BIENES INMUEBLES

→ Son bienes inmuebles, siguiendo el criterio clásico y al Código Civil:

            1. Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo tipo adheridas al suelo.

            2. Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren unidos a la tierra o formaren parte integrante de un inmueble.

            3. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de forma que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto.

4. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, colocados en edificios o heredades (fincas) por el dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo (o finca).

5. Las máquinas, vasos (se refiere a algún tipo de embarcación o barco), instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca a la industria o explotación que se realice en un edificio o heredad (finca), y que directamente concurran a satisfacer las necesidades de la explotación.

6. Los, viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos cuando el propietario los haya colocado o los conserve, con el propósito de mantenerlos unidos a la finca, y formando parte de ella de un modo permanente.

7. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de utilizarse.

8. Las minas, canteras y escoriales (lugar donde se echan las escorias de las fábricas metalúrgicas), mientras su materia permanece unida al yacimiento, y las aguas vivas o estancadas.

9. Los diques de construcciones que, aún cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa.

10. Las concesiones administrativas de obras públicas y las servidumbres y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.

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Los bienes, básicamente y en cuanto a quién detenta su propiedad, pueden ser de dominio público o de propiedad privada.

            → La expresión “de dominio público” se refiere a bienes del Estado o de alguna otra Administración Pública (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas…).

            → La expresión “de propiedad privada”, se refiere normalmente a todos aquellos bienes de los que pueden ser titulares los particulares, individual o colectivamente. Sin embargo, a veces el Estado o cualquier otro ente de derecho público puede ser titular o propietario de bienes de propiedad privada y actuar como si fuera un particular.

Surge así la diferenciación entre bienes demaniales y patrimoniales.

            • Son bienes y derechos de dominio público (demaniales) los que siendo de titularidad pública se encuentran afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una Ley les otorgue expresamente el carácter de demaniales.

            • Son bienes o derechos de dominio privado de la Administración o patrimoniales los que siendo titularidad de las Administraciones Públicas no tengan el carácter de demaniales y puedan ser adquiridos, gravados y transmitidos por las mismas, como si de un particular se tratase.

Los bienes y derechos de dominio público o demaniales, a diferencia de los bienes patrimoniales, presentan como caracteres:

– son inalienables, inembargables e imprescriptibles (no se pueden transmitir, no se pueden embargar, ni la prescripción puede afectarles).

– han de destinarse obligatoriamente al uso o servicio público, salvo razones de interés público debidamente justificado.

– han de incorporarse a inventarios y registros adecuados.

CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

En general, son bienes de dominio público estatal:

            → Los que determine la Ley y,

            → en todo caso, la zona marítimo terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y de la plataforma continental.

También son bienes de dominio público:

            1. Los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos.

            2. Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio y las minas mientras no se otorgue su concesión.

Todos los demás bienes pertenecientes al Estado en que no concurran las circunstancias expresadas antes, tienen el carácter de propiedad privada y respecto a tales, el Estado puede actuar como de si un particular se tratase adquiriendo, enajenando o transmitiendo, gravando dichos inmuebles…

Los bienes de dominio público, cuando dejen de estar destinados al uso general o a las necesidades de la defensa del territorio, pasan a formar parte de los bienes de propiedad del Estado.

Se citan como bienes de uso público o demaniales, los caminos provinciales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y las obras públicas de servicio general costeadas por las Administraciones públicas.

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Los derechos reales son aquellos derechos subjetivos (de las personas, de los sujetos) que recaen directamente sobre las cosas.

La palabra «real» viene del latín, de res-rei, y significa cosa (nada que ver con un sinónimo de verdadero ni válido).

El derecho real tiene por ello carácter patrimonial, ya que es susceptible de formar parte del patrimonio de su titular, junto con los derechos de obligación.

Y dentro de ello, se caracteriza por una doble nota: la inmediatividad y la absolutividad.

• La inmediatividad supone que estos derechos se ejercen por su titular de forma inmediata o directa sobre el objeto, sin intermediario alguno al que se exija realizar una determinada prestación.
• La absolutividad, supone que estos derechos carecen de un sujeto pasivo concreto, y generan un deber general de respeto y reconocimiento frente a toda la comunidad (por ello su titular puede ejercerlos frente a todos, erga omnes).

Según lo antedicho, podemos definir el derecho real como el derecho subjetivo que atribuye a su titular algún tipo de poder directo sobre una cosa, el cual está protegido frente a toda la comunidad (erga omnes, frente a todos).

Como decimos, los derechos reales se pueden definir también en contraposición con los derechos obligacionales, es decir aquellos derechos que se tienen no sobre una cosa, sino frente a una persona, esto es, un crédito, el derecho que se tiene a que otro sujeto ejerza una determinada conducta: la prestación.

DIFERENCIAS ENTRE DERECHOS REALES Y DE CRÉDITO

• Por su objeto: El derecho real recae inmediatamente sobre cosas; mientras que el de crédito exige una determinada conducta en el deudor (y sólo a través de él podrá serlo, indirectamente, una cosa)
• Por el sujeto pasivo: que en el derecho real es colectivo e indeterminado mientras que en el derecho de crédito hay un sujeto pasivo individualmente determinado.
  Por ello, el derecho real puede ejercitarse y hacerse efectivo contra todos, mientras que el derecho de crédito sólo puede hacerse efectivo contra el deudor y sus causahabientes (herederos). De ahí la diferencia entre la acción real que protege al primero y la acción personal que protege al segundo.
• Por el principio fundamental que los rige: En la creación y configuración de los derechos reales rige fundamentalmente la ley, mientras que en los derechos de crédito es fundamental la autonomía de la voluntad (voluntad autónoma de los particulares).
• Por su modo de adquisición: Los derechos reales, al menos en los ordenamientos que, como el nuestro, siguen la teoría del título y el modo, no pueden nacer solamente del contrato, sino que precisan además, el modo de adquirir, mientras que los derechos de crédito nacen simplemente del contrato. Por otra parte, los derechos reales, salvo alguna excepción, pueden adquirirse por usucapión, cosa que no cabe en los derechos de crédito.
• Por los efectos de su ejercicio: El derecho real se confirma con su ejercicio, mientras que el derecho de crédito se extingue con un ejercicio al ser satisfecho el derecho del acreedor.
• Por su extinción: El derecho real se extingue cuando perece la cosa sobre que recae, mientras que en el derecho de crédito, cuando tiene por objeto indirecto cosas, el perecimiento de estas no lo extingue, y subsiste la obligación de cumplimiento en forma indemnización de daños y perjuicios.
• Por su publicidad mediante el Registro de la Propiedad, sólo posible respecto de los derechos reales, a los que atribuye efectos especiales (fundamentalmente, la prioridad registral frente a la concurrencia de créditos y la defensa directa del titular frente a terceros).
  Asimismo en ciertos casos, sobre todo en lo relativo a bienes muebles, también la posesión es un medio de publicidad de los derechos reales, de la que están excluidos los derechos de crédito.

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS REALES

Son muy variadas las clasificaciones que los autores ofrecen a este respecto, pero, en general, podemos clasificarlos así (clasificación de Hernández Gil):

• Derecho real provisional (posesión).
• Derecho real pleno (propiedad), y
• Derechos reales limitados, a los cuales subdividen en:
  • De goce (usufructo, uso, habitación, servidumbres, enfiteusis, censos, foros, establecimiento a primeras cepas y superficie).
  • De garantía (prenda, hipoteca y anticresis).
  • De adquisición (tanteo, retracto y opción).

Cuando un matrimonio se rige, en cuanto a sus relaciones patrimoniales o régimen económico matrimonial, por el sistema o régimen de la sociedad de gananciales, se puede distinguir entre bienes ganaciales y privativos.

           •Son  bienes privativos de cada cónyuge, los suyos propios.

           •Son bienes gananciales, la masa de bienes comunes a ambos cónyuges, los cuales se denominan «gananciales», por proceder de las «ganancias» habidas durante el matrimonio.

El adjetivo privativo puede estar referido a diversas situaciones:

          → Por un lado, se puede referir a bienes privativos, cuando se trata en contraposición a bienes gananciales y estar referido al estatuto jurídico por el que se rigen determinados bienes del matrimonio, cuando se rige por el régimen económico matrimonial de la sociedad de gananciales.

          → En segundo lugar, podemos hablar de elementos privativos de un edificio, cuando nos estamos refiriendo a los elementos de un edificio dividido en Propiedad Horizontal, y entendemos que tiene elementos comunes  (ascensor, escaleras, jardines, tejado…) y elementos privativos (los pisos o locales comerciales), susceptibles de aprovechamiento independiente por sus propietarios.

Es el régimen económico matrimonial por el que básicamente se hacen comunes para los cónyuges las ganan­cias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse dicha comunidad.

Es el régimen económico matrimonial que rige (salvo en Cataluña y Baleares) si no se pacta ningún otro en capitulaciones matrimoniales. En algunas zonas concretas de España, como en Navarra, existen regímenes similares al de gananciales (en Navarra, el régimen de conquistas).

            → La sociedad de gananciales no tiene personalidad jurídica (no es una sociedad, aunque se le llame así). Es una comunidad patrimonial en la que no pueden distinguirse cuotas, sino que existe una titularidad conjunta de ambos cónyuges sobre el patrimonio ganancial.

            → La gestión y administración de la misma y la disposición de bienes gananciales se rige por el principio de actuación conjunta de los cónyuges (salvo que se hayan conferido poderes).

            → La finalidad básica del régimen de gananciales es dividir las ganancias obtenidas a la disolución del matrimonio.

El pacto de reserva de dominio es aquel pacto que suele incluirse en ciertos contratos de compraventa por el que el vendedor se reserva la propiedad de la cosa vendida hasta haber recibido la totalidad del precio, normalmente aplazado.

De este modo, el vendedor no transmite la propiedad del bien, sino sólo su posesión.

Se entiende que lo que existe en estos casos es una condición suspensiva, de manera que hasta que no se cumpla tal condición (es decir, hasta que no se pague la totalidad del precio), no se transmite la propiedad. Una vez satisfecho el precio, la propiedad del bien se transmitirá de forma automática.

Este pacto no afecta a la perfección del contrato, sino sólo a su consumación y transmisión del dominio.

ES muy habitual en enajenaciones de bienes muebles (por ejemplo, coches), y bastante raro en compraventa de bienes inmuebles.

Uno de sus principales efectos es que el impago del precio llevará consigo la resolución de la compraventa, pudiendo el vendedor reivindicar la devolución de la cosa.

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¿Tiene un contrato con un pacto de reserva de dominio?¿Quiere que lo revisemos? Nuestros abogados especialistas en Derecho civil le asesoran. Pídanos presupuesto sin compromiso pinchando aquí o enviándonos un e-mail a info@ic-abogados.com

El contrato de outsourcing teconlógico es aquel contrato en virtud del cual  una de las partes, el outsourcer, se encarga de la gestión de los sistemas informáticos  de la empresa cliente, adaptándolos a sus necesidades a cambio de un precio.

Tiene un contenido variado, de tal manera que la empresa que presta el servicio contratado (la empresa colaboradora) se puede comprometer prestar un servicio, a realizar una obra, a suministrar maquinaria o equipos para la empresa cliente.

El outsourcing tecnológico no supone el desligamiento total de la empresa respecto a su departamento de tecnología, supone el establecimiento de una asociación estratégica entre la empresa y el proveedor del servicio, basada en la cesión de un nivel de responsabilidad y control de la gesión parcial o global de los sistemas de información.

Es el régimen económico matrimonial por el que básicamente se hacen comunes para los cónyuges las ganan­cias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse dicha comunidad.

Es el régimen económico matrimonial que rige (salvo en Cataluña y Baleares) si no se pacta ningún otro en capitulaciones matrimoniales. En algunas zonas concretas de España, como en Navarra, existen regímenes similares al de gananciales (en Navarra, el régimen de conquistas).

            → La sociedad de gananciales no tiene personalidad jurídica (no es una sociedad, aunque se le llame así). Es una comunidad patrimonial en la que no pueden distinguirse cuotas, sino que existe una titularidad conjunta de ambos cónyuges sobre el patrimonio ganancial.

            → La gestión y administración de la misma y la disposición de bienes gananciales se rige por el principio de actuación conjunta de los cónyuges (salvo que se hayan conferido poderes).

            → La finalidad básica del régimen de gananciales es dividir las ganancias obtenidas a la disolución del matrimonio.

El pacto de reserva de dominio es aquel pacto que suele incluirse en ciertos contratos de compraventa por el que el vendedor se reserva la propiedad de la cosa vendida hasta haber recibido la totalidad del precio, normalmente aplazado.

De este modo, el vendedor no transmite la propiedad del bien, sino sólo su posesión.

Se entiende que lo que existe en estos casos es una condición suspensiva, de manera que hasta que no se cumpla tal condición (es decir, hasta que no se pague la totalidad del precio), no se transmite la propiedad. Una vez satisfecho el precio, la propiedad del bien se transmitirá de forma automática.

Este pacto no afecta a la perfección del contrato, sino sólo a su consumación y transmisión del dominio.

ES muy habitual en enajenaciones de bienes muebles (por ejemplo, coches), y bastante raro en compraventa de bienes inmuebles.

Uno de sus principales efectos es que el impago del precio llevará consigo la resolución de la compraventa, pudiendo el vendedor reivindicar la devolución de la cosa.

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El abandono es un modo de pérdida de la posesión, configurado en el artículo 460 del Código Civil español.

Los herederos abintestato son aquéllos que suceden a una persona fallecida que no ha hecho testamento. Son aquellas personas que están llamadas por la Ley a heredar al que murió intestado.